Mes: noviembre 2014

Dice mi buen amigo Eduard Miralles, Presidente de Interarts, que en gestión y políticas culturales si una organización, institución o persona perdura en el tiempo es de mención y referencia, debido a la tendencia a una gran volatilidad de ciertas acciones culturales. Siempre que no sean las estructuras culturales clásicas del estado nación. (Museos, Archivos, Teatros nacionales, Bibliotecas, etc…)
Esta reflexión viene motivada, desgraciadamente, por la propensicón, cada vez más generalizada de la inconsistencia de lo cultural y artístico en el tiempo, más allá de estos equipamientos y prácticas clásicas o infraestructuras fastuosas.
Por esta razón acompañar ala ciudad de Medellín, el pasado 5 de noviembre, en la celebración del 15 aniversario de su Consejo Municipal de Cultura  ha sido para mí muy importante y significativo por tres razones:
– Continuidad de la acción y organización de la participación ciudadana ascendente a pesar de las dificultades e incertidumbres sobre estos órganos (Consejos de Cultura).
– Recordar que estas estructuras forman parte, no exclusivamente, del derecho a participar en la vida cultural reconocido en los derechos fundamentales. Ejercer estos derechos es fundamental cuando se buscan otras formas de participación ciudadana más amplias
– Porque es un ejemplo de una buena práctica en lo local o en las ciudades. A pesar de las dificultades una ciudad puede optar por mantener un nivel cultural como un hecho cotidiano y permanente no como un acto coyuntural, publicitario o de una legislatura o mandato político.
Aprender del otro es importante, cuando estamos viviendo en España unas políticas culturales desoladoras por parte de los diferentes niveles de la administración pública (nacional, regional y local). Donde sus representantes han perdido toda legitimidad cuando abandonan sus responsabilidades a la lógica del mercado y a la pasividad. Estas actitudes han provocado un perjuicio irreparable en muchos aspectos, pero el más llamativo es el aumento al 21% del IVA cultural.
Nos encontramos ante una situación realmente lamentable donde no solamente existe un desmontaje sistemático del estado social y del bienestar, sino de una parte muy importante de la función cultural de las administraciones locales. En el nuevo marco normativo lo local ya no ha de asumir, o tener competencias (obligatorias o voluntarias), enla cultura sino que se deja a una lógica de mercado o a una sociedad civil desarmada de recursos. Desde este nuevo entramado legal se pierde capacidad propia por un control centralizado de sus funciones por la vía de la economía. Los ente locales no pueden actuar en autonomía por falta de recursos para invertir en cultura y facilitar el acceso de la ciudadanía a satisfacer sus necesidades culturales a pesar de la larga historia que han tenido en la democratización del país. Excepto, esto sí, en el caso que la cultura se ponga al servicio que favorece la industria turística como el gran edén de nuestros políticos actuales.
En este contexto los ciudadanos vamos perdiendo poco a poco derechos y posibilidades de encontrar un ambiente propicio para satisfacer nuestras necesidades culturales en proximidad. Todo esto porque su visión del interés general de la cultura ya no tiene por sujeto a la ciudadanía, la memoria colectiva, las artes o la vida cultural, sino la actividad económica (turística y afínes) o las prácticas culturales de unas élites dominantes.
Por cierto el último invento es rebajar el IVA de las flores y plantas ornamentales al 10% porque había caído la demanda, como se hizo en la adquisición de obras de arte cuando el cine, el teatro y otros sectores siguen en el 21%. Si esto no es maltrato que nos lo expliquen.
El miedo generado por la crisis económica crea un estado de ánimo donde parece que exigir más recursos para la cultura es una frivolidad ante otras prioridades, como si los ciudadanos con empleo, subsidios, hábitat y las necesidades básicas es suficiente para ciertos sectores de la sociedad. Mientras una pequeña parte de la población se enriquece y otras clases sociales pueden acceder a la cultura de mercado mientras otras se ven excluidas.
Disponemos de experiencias y conocimiento de que la pobreza cultural incide directamente en los niveles de cohesión social e impide la creación de condiciones para el desarrollo. En estas políticas actuales podemos interpretar una posición sobre sus estrategias para la salida de las graves crisis que vivimos; solo se conseguirá con la salvación de los bancos, los buenos resultados de las grandes empresas y el mantenimiento de las estructuras de poder tradicional. En sus políticas «ignorantes» no consideran la cultura, la investigación, la educación y la innovación como estrategias fundamentales para superar la situación, a pesar de las múltiples llamadas de expertos de todo tipo e ideología. Ellos se valen de su carácter y fundamentalismo para mantener políticas que no tienen ninguna credibilidad ni futuro más allá de la inmediatez.
Quizás sería el momento de empezar a pedir responsabilidades por incumplimiento del pacto 15 de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Lo que sí es verdad es que en Medellín al menos han intentado mantener una línea para alcanzar estas garantías del derecho por medio de la participación de la ciudadanía, a ver si aprendemos.